Con el asesinato, en supuesto
intercambio de disparos, de Angelo Jean Carlos León (Cacón), la Policía
Nacional perdió una gran oportunidad de indagar más profundamente sobre
los autores intelectuales del crimen del teniente coronel Pedro de la
Cruz. El propio jefe de la Policía Nacional,
Polanco Gómez, reveló en forma provocativa que no deseaba la entrega
pacífica de Cacón, que la institución bajo su mando daría con él, y lo
definió como un antisocial. El propio padre del joven perseguido admitió parte de las irregularidades en las que había participado su hijo. Pero el asesinato de Cacón demuestra
nuevamente que la Policía Nacional sabe matar y se dedica a matar, sin
tomar en cuenta otras consideraciones de carácter legal y judicial, o
sencillamente de derechos humanos. En los países civilizados a los
delincuentes los reducen a la obediencia, y se les asesina en caso de
que resulte imposible detenerlos o que haya otras vidas que corran
peligro inminente. El oficial policial asesinado, Pedro de
la Cruz, fue asesinado por mandato de alguien. Coincidió que fue él
quien apresó la semana anterior a dos fiscales de San Pedro de Macorís
recibiendo dinero de una extorsión.
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