CARAVANA DE LA MUERTE

En menos de tres semanas agentes policiales se han visto involucrados en estos hechos de sangre:
-Una bala en la cabeza se salda con la vida de una mujer en Las Cañitas (policías perseguían a supuestos delincuentes y en medio de una balacera pierda la vida una dama que nada tiene que ver con los hechos).
-Una protesta sofocada a disparos en Capotillo desembocó en la muerte de un joven que no participaba en el movimiento.
-Un habitante del populoso barrio El Valiente es herido de seis tiros por un miembro de la Policía, que presuntamente le perseguía para detenerlo por haber cortado a un hombre que supuestamente pretendía atracarlo.
-Un agente de la Policía Turística deja sorda y casi ciega a una trabajadora sexual a la que propinó un batazo en la cabeza.
Estos son hechos que los medios de comunicación pueden alcanzar. Otros –quizás bastante significativos en términos numéricos- quedan en el anonimato.
Pero es evidente que estamos ante una especie de caravana de la muerte ejecutada por agentes policiales.
Y aparenta, aunque no esté documentada ni organizada como tal, que prevalece una filosofía de la ejecución contra todo ciudadano que la Policía presupone delincuente.
No sólo estamos ante la sustitución de la ley y de los tribunales por parte de la uniformada, sino que contamos con un verdugo inexpugnable que decide quien muere o quien vive.
Parecería que mientras la sociedad vive en el siglo veintiuno, la Policía se quedó varada en el aciago medioevo, a la cabeza de una suerte de inquisición que busca “enderezar entuertos” derramando sangre.
Este fenómeno trasciende la coyuntura de quien está al mando de la institución. Es un problema orgánico, sistémico, cuyas raíces crecen con el paso del tiempo, y que va más allá del balance de muertos achacados a los jefes policiales de turno.
En términos morales, la Policía sufre una caída libre, no termina de tocar fondo ni se avizora una reforma impulsada desde el poder político y la sociedad civil que la convierta en un cuerpo digno al servicio de la sociedad.
Y probablemente estemos muy lejos de abordar este tema seriamente como sociedad, pues no hay que dudar que a algunas instancias de poder les resulte redituable tener un cuerpo de sicarios pagados con fondos públicos antes que una policía con vocación para defender la integridad física de los ciudadanos y hacer cumplir la ley.

Por Víctor Bautista
Noticias SIN
26/11/09

DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO : LOS OTROS DELINCUENTES

El viernes de la semana pasada se expusieron en esta columna las razones por las que el sistema penal reacciona con fervor instintivo contra “los delincuentes de siempre”. En lo que sigue se intentará explicar como opera respecto de “los otros delincuentes”. Lo primero a considerar es que “en la sociedad tiene lugar un entrenamiento diferencial, conforme al grupo de pertenencia, que desarrolla habilidades distintas según la extracción y posición social (clase, profesión, nacionalidad, lugar de residencia, escolaridad). Cuando una persona comete un delito, utiliza los recursos que le proporciona el entrenamiento a que ha sido sometido”. Los delincuentes de siempre son “personas en posición social desventajosa —y por lo tanto, con entrenamiento primitivo—, cuyos eventuales delitos, por lo general, sólo pueden ser obras toscas” que la comunicación reseña “como los únicos delitos” ocultando “el resto de los ilícitos que son cometidos por otras personas en forma menos grosera o muy sofisticada” (Zaffaroni).

Esas otras personas cuyos ilícitos son ocultados pertenecen a los estratos más altos de la sociedad, respetables hombres de saco y corbata. Muchos gozan de altas posiciones en las instituciones públicas y las empresas privadas. Sus delitos tienden a ser difusos (porque no afectan a nadie en particular), requieren de planificación, estrategias y organización (que sólo pueden realizar personas con entrenamiento sofisticado), y causan enormes daños financieros (que superan con creces los de crímenes comunes contra el patrimonio). Pertenecen a este tipo de ilícitos la malversación de fondos públicos, el lavado de dinero, la distracción de capitales o la falsificación de medicamentos. Todos esos y otros muchos de su misma naturaleza, que Sutherland agrupó bajo la denominación de “crímenes de cuello blanco”, son motivados por el “animus lucrandi”.

Se trata de ilícitos que suelen quedar ocultos en una red de políticas e instituciones que sistemáticamente favorecen a las minorías de poder o permanecen en la absoluta impunidad de un sistema penal que no puede reaccionar eficazmente en su contra, por la falta de voluntad política, que sólo se manifiesta muy excepcionalmente ante el “retiro de cobertura” de “alguien que, hallándose en una posición que lo hace prácticamente invulnerable al poder punitivo, lleva la peor parte en una pugna de poder hegemónico” (Zaffaroni). Es lo que ocurre con las acusaciones contra políticos que pertenecen a partidos de la oposición o empresarios que pierden la protección del poder. Ello explica la contrastante proactividad que tuvo el sistema penal dominicano en BANINTER y RENOVE, o, en sentido contrario, el por qué las denuncias de corrupción a lo interno de los gobiernos son disminuidas a “intereses malsanos de la oposición” y no generan ninguna reacción institucional de las agencias de persecución y acusación penal.

Sin la capacidad de estas agencias para actuar con criterios de objetividad e independencia frente a los poderes públicos y económicos, jamás existirá en el país una verdadera política criminal que reaccione institucionalmente contra los crímenes de cuello blanco. Sólo caerán esporádicamente en las redes del sistema penal uno que otro político opositor de segunda categoría o algún empresario sumido en la desgracia con las defensas bajas, perpetuando así la vulneración del principio de igualdad ante la ley y alimentando la falsa idea de que los poderosos también son sujetos a la responsabilización plena ante el Derecho.

Félix M. Tena De Sosa