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Santo Domingo.- La Policía capturó a un presunto sicario narcotraficante puertorriqueño, considerado, en su país, como el sucesor del convictor José David Figueroa Agosto, contra quien pesaba una orden de arresto internacional y local. El vocero de la Policía, coronel Máximo Báez Aybar explicó que Miguel Rivera Díaz (Bolo Foto), fue detenido en la calle Primera del sector Holguín de Herrera, Santo Domingo Oeste, cuando salió de su “escondite” para dirigirse a una barbería de esa zona. Señaló que Rivera logró registrarse en la Junta Central Electoral y obtener una cédula de identidad que lo acredita como dominicano. Según la Policía el detenido es un “peligros” narcotraficante y sicario que encabeza la lista de los más buscados en Puerto Rico. Dijo que utilizaba la violencia para controlar el tráfico internacional de drogas desde República Dominicana hacia Estados Unidos y Puerto Rico. ”Pesan acusaciones por asesinatos incluyendo uno en el año 1998”. Agregó que el servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos (MARSHALLS) lo tiene entre los diez más buscados.
Amnistía y el Departamento de Estado de EEUU presentaron dos informes que son desfavorables
MARIEN ARISTY C. Y FIOR GIL
En la República Domnicana aún no se garantiza el respeto a los derechos humanos, según los informes que presentaron durante el 2011 Amnistía Internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Mientras Amnistía denunció que entre enero y julio de este año la Policía Nacional acabó con la vida de 154 personas en asesinatos extrajudiciales, lo que representó un aumento frente a las 125 que murieron en el mismo período del 2010, el departamento de Estado norteamericano resaltó que existen muertes ilegales, arrestos arbitrarios y golpizas y abusos cometidos contra sospechosos, detenidos y prisioneros. Se justifican. La forma en la que la Policía clasifica los homicidios cometidos por sus agentes transmite, para Amnistía, cierto grado de justificación implícita. En 2005, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República calificaron los homicidios cometidos por policías como “intercambio de disparos”; en el 2006 como “muertos por Policía Nacional en el desempeño de sus funciones”; en el 2007 y 2008 les llamó “acción legal”; y desde el año 2009 se les denomina como “acción policial”. USA. En el 2010 la Policía mató a 268 personas, dice el informe del Departamento de Estado. También señala que las condiciones carcelarias fueron de regulares a severas, hubo corrupción generalizada, acoso a grupos de derechos humanos, violencia y discriminación contra las mujeres y trata de personas. Además, indica, hay un gran número de personas funcionalmente apátridas, una severa discriminación contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes, cumplimiento inefectivo de las leyes laborales, prostitución infantil y otros abusos contra los niños, violencia y discriminación en contra de las personas de orientación sexual diferente y trabajo infantil.
Más muertes
Uno de los puntos que establece Amnistía es que en el último decenio los índices de delitos violentos han aumentado vertiginosamente en la República Dominicana, en gran parte debido al aumento del tráfico de drogas, la proliferación de armas de fuego y la creciente desigualdad social. Para validar este dato señala que el índice de homicidios en el país pasó de 13 por 100,000 habitantes en 1991 a 25.01 en 2010.
De las mujeres
Tras una evaluación de la situación de las mujeres, la Colectiva Mujer y Salud y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) consideraron que en el 2011 se registraron pocos avances que puedan atestiguar el compromiso de las autoridades y la clase política con los derechos humanos de la mujer. “En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el país está ante un panorama desalentador con índices de desempleo femenino que duplican los masculinos y las egresadas universitarias siguen percibiendo en promedio un 74% del ingreso que perciben los hombres con igual nivel académico”, dijeron Sergia Galván, Denise Paiewonsky y Alma Luz Beltrán. Se quejan de que la clase política no se ha conducido a la altura de los compromisos asumidos con la cuota femenina a cargos electivos.