En nuestro país se comete un error gravísimo y es que el paradigma del combate a la delincuencia es querer abatirla con el refrán de “muerto el perro se acabo la rabia y/o promoviendo la cultura del “tránquenlo”, mi particular parecer es que la política criminal debe necesariamente tener puntos de unión, vasos comunicantes con leyes y códigos, Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial. En la lucha contra la delincuencia y la inseguridad hay que hacer un frente común donde coincidan todas las fuerzas vivas de la sociedad, cada cual cumpliendo con su función especifica, es decir la inseguridad y el delito debe combatirla de manera profesional y eficaz La Policía y otros órganos especializado, DNCD, etc. la sanción ejemplarizadora a las manifestaciones criminógenas que se dan en la sociedad debe cumplirla sin contemplaciones ni fundamentalismo garantista, el ministerio publico y el poder judicial, la fiscalización y aporte al control de la delincuencia y sus resultados, las fuerzas vivas de la sociedad. Por eso es imprescindible que fomentemos la cultura de la participación ciudadana en el cuidado y atención de todos, que fomentemos la solidaridad para enfrentarla a la inseguridad. No es que renunciemos a nuestro derecho a ser atendidos, custodiados, salvaguardados incluso, por la autoridad competente. Lo aconsejable, entonces, es que se forme y constituya una alianza fuerte, sólida, en la que el ciudadano alerte a la autoridad, le haga sugerencias y peticiones que sean atendidas, colabore con ella si lo juzga conveniente y necesario. Y hacer esto con tal correspondencia que la autoridad no confunda los términos y renuncie a su deber, a su función y tarea. Es lamentable que por desconfianza e incredulidad un elevado número de gobernados no recurran, o no recurramos, a la autoridad cuando se ha cometido un delito. Es una vergüenza. Los tribunales, los jueces, el ministerio público que tienen que vérselas con procesos cargados de delitos, merecen en su esfuerzo cotidiano que haya menos delitos y que el espacio que la inseguridad concede al crimen sea cedido a una seguridad creciente en que se respeten los derechos del prójimo. Ya se sabe que la erradicación total del crimen es una utopía. Pero lo catastrófico es que la inseguridad criminal se vuelva una tormenta que no cesa, incontenible, y que la paz social se altere al grado de afectar las estructuras del poder que poco a poco se vuelven inoperantes por la desconfianza que su ejercicio acarrea. Y así aparecen los fantasmas de la simulación, de la ineptitud, de la desconfianza. El crimen, ya lo decía Homero en su poema épico La Odisea, carcome la casa donde alienta y vive el espíritu.
Comentario......
El magistrado Germán Díaz en este articulo pone de manifiesto su gran preocupación por la creación de un verdadero estado de derechos en la RD, realmente opuesto a medidas de fuerza, soluciones extra judiciales que según su visión en nada resuelve la problemática del delito. Como siempre comparto en gran parte la visión del magistrado mas, tengo que agregar, que en los países donde históricamente las instituciones no han podido consolidarse adecuadamente, donde lo político prima por encima de lo jurídico, donde la deuda social acumulada día alcanza proporciones estratosferitas,; un país en el cual para los obreros y para la clase media no existe el salario ciudadano, las ciudades son marginales, donde la mayoría de la clase política no está capacitada para asumir los retos y desafío de los nuevos tiempos pero, que además, anquilosada en el poder, no quiere dar el paso del clientelismo a una democracia participativa; donde la redistribución del ingreso, en su mayor parte, queda en manos de los que no lo generan; esas sociedades vulnerable y vulnerada por un trafico y expendio criminal de drogas prohibidas, trata de blancas, inmigrantes pobres y prostitución de menores, esas sociedades necesitan, como la dominicana, políticas de emergencia en lo político, en lo social, en lo jurídico, en lo económico y moral. Que nos impulsen hacia una sociedad donde el estado de derechos no se limite a garantías procesales para los imputados o imputables de algún tipo penal; donde el libre transito no solo se refiera a garantías a no ser detenidos por los agentes del orden público, mas bien y, además, a no ser atracados, violados, ultrajados, heridos, secuestrados o asesinados en plena vía pública; Que el derecho al trabajo no sea conculcado por cualquier funcionario que venga con su ´´gente´´ a una institución. Que además, sea fortalecido con el derecho que debe tener todo ciudadano a que su crédito sea saneado, en caso de cesación de pago, para que pueda crear una fuente de empleo, para no pasar al mercado de desacreditados por las empresas que brinden información crediticia de los ciudadanos. En fin que al asumir el problema de la seguridad pública y la justicia debemos pensar que debemos construir una sociedad con mayor y mejor calidad en lo educativo, salud, salario, redistribución del ingreso, garantía en el conocimiento, la efectividad y libre ejercicio de los derechos democráticos que incluya una amplia participación social en las tomas de decisiones públicas.
Dr. Ransés Díaz
