CARAVANA DE LA MUERTE

En menos de tres semanas agentes policiales se han visto involucrados en estos hechos de sangre:
-Una bala en la cabeza se salda con la vida de una mujer en Las Cañitas (policías perseguían a supuestos delincuentes y en medio de una balacera pierda la vida una dama que nada tiene que ver con los hechos).
-Una protesta sofocada a disparos en Capotillo desembocó en la muerte de un joven que no participaba en el movimiento.
-Un habitante del populoso barrio El Valiente es herido de seis tiros por un miembro de la Policía, que presuntamente le perseguía para detenerlo por haber cortado a un hombre que supuestamente pretendía atracarlo.
-Un agente de la Policía Turística deja sorda y casi ciega a una trabajadora sexual a la que propinó un batazo en la cabeza.
Estos son hechos que los medios de comunicación pueden alcanzar. Otros –quizás bastante significativos en términos numéricos- quedan en el anonimato.
Pero es evidente que estamos ante una especie de caravana de la muerte ejecutada por agentes policiales.
Y aparenta, aunque no esté documentada ni organizada como tal, que prevalece una filosofía de la ejecución contra todo ciudadano que la Policía presupone delincuente.
No sólo estamos ante la sustitución de la ley y de los tribunales por parte de la uniformada, sino que contamos con un verdugo inexpugnable que decide quien muere o quien vive.
Parecería que mientras la sociedad vive en el siglo veintiuno, la Policía se quedó varada en el aciago medioevo, a la cabeza de una suerte de inquisición que busca “enderezar entuertos” derramando sangre.
Este fenómeno trasciende la coyuntura de quien está al mando de la institución. Es un problema orgánico, sistémico, cuyas raíces crecen con el paso del tiempo, y que va más allá del balance de muertos achacados a los jefes policiales de turno.
En términos morales, la Policía sufre una caída libre, no termina de tocar fondo ni se avizora una reforma impulsada desde el poder político y la sociedad civil que la convierta en un cuerpo digno al servicio de la sociedad.
Y probablemente estemos muy lejos de abordar este tema seriamente como sociedad, pues no hay que dudar que a algunas instancias de poder les resulte redituable tener un cuerpo de sicarios pagados con fondos públicos antes que una policía con vocación para defender la integridad física de los ciudadanos y hacer cumplir la ley.

Por Víctor Bautista
Noticias SIN
26/11/09