DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO : LOS OTROS DELINCUENTES

El viernes de la semana pasada se expusieron en esta columna las razones por las que el sistema penal reacciona con fervor instintivo contra “los delincuentes de siempre”. En lo que sigue se intentará explicar como opera respecto de “los otros delincuentes”. Lo primero a considerar es que “en la sociedad tiene lugar un entrenamiento diferencial, conforme al grupo de pertenencia, que desarrolla habilidades distintas según la extracción y posición social (clase, profesión, nacionalidad, lugar de residencia, escolaridad). Cuando una persona comete un delito, utiliza los recursos que le proporciona el entrenamiento a que ha sido sometido”. Los delincuentes de siempre son “personas en posición social desventajosa —y por lo tanto, con entrenamiento primitivo—, cuyos eventuales delitos, por lo general, sólo pueden ser obras toscas” que la comunicación reseña “como los únicos delitos” ocultando “el resto de los ilícitos que son cometidos por otras personas en forma menos grosera o muy sofisticada” (Zaffaroni).

Esas otras personas cuyos ilícitos son ocultados pertenecen a los estratos más altos de la sociedad, respetables hombres de saco y corbata. Muchos gozan de altas posiciones en las instituciones públicas y las empresas privadas. Sus delitos tienden a ser difusos (porque no afectan a nadie en particular), requieren de planificación, estrategias y organización (que sólo pueden realizar personas con entrenamiento sofisticado), y causan enormes daños financieros (que superan con creces los de crímenes comunes contra el patrimonio). Pertenecen a este tipo de ilícitos la malversación de fondos públicos, el lavado de dinero, la distracción de capitales o la falsificación de medicamentos. Todos esos y otros muchos de su misma naturaleza, que Sutherland agrupó bajo la denominación de “crímenes de cuello blanco”, son motivados por el “animus lucrandi”.

Se trata de ilícitos que suelen quedar ocultos en una red de políticas e instituciones que sistemáticamente favorecen a las minorías de poder o permanecen en la absoluta impunidad de un sistema penal que no puede reaccionar eficazmente en su contra, por la falta de voluntad política, que sólo se manifiesta muy excepcionalmente ante el “retiro de cobertura” de “alguien que, hallándose en una posición que lo hace prácticamente invulnerable al poder punitivo, lleva la peor parte en una pugna de poder hegemónico” (Zaffaroni). Es lo que ocurre con las acusaciones contra políticos que pertenecen a partidos de la oposición o empresarios que pierden la protección del poder. Ello explica la contrastante proactividad que tuvo el sistema penal dominicano en BANINTER y RENOVE, o, en sentido contrario, el por qué las denuncias de corrupción a lo interno de los gobiernos son disminuidas a “intereses malsanos de la oposición” y no generan ninguna reacción institucional de las agencias de persecución y acusación penal.

Sin la capacidad de estas agencias para actuar con criterios de objetividad e independencia frente a los poderes públicos y económicos, jamás existirá en el país una verdadera política criminal que reaccione institucionalmente contra los crímenes de cuello blanco. Sólo caerán esporádicamente en las redes del sistema penal uno que otro político opositor de segunda categoría o algún empresario sumido en la desgracia con las defensas bajas, perpetuando así la vulneración del principio de igualdad ante la ley y alimentando la falsa idea de que los poderosos también son sujetos a la responsabilización plena ante el Derecho.

Félix M. Tena De Sosa

TRES MESES DE PRISION A PRESUNTOS MATADORES EMPRESARIO NATIVO DE MAO

Por Marcelo Peralta

SANTIAGO, R. D.- Los supuestos autores de la muerte a tiros del empresario agrícola e ingeniero minero José Ramón Crespo Martínez, ocurrida el pasado 14 de septiembre del presente año, cerca de su casa en el sector de Gurabo de Santiago, ya tienen órdenes de prisión.

Como autor se vincula a Yoel Fermín Ulloa- Yoelito, actualmente prófugo y como cómplices Belarminio de Jesús Mercado González, de 51 años de edad; su hijo Wascar de Jesús Mercado Filpo; Iván Ariel Tejada Gómez y un menor de 17 años de edad, cuyo nombre se obvia por ley.

La orden de prisión la dictó el magistrado Henry Domínguez, Juez del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.

La medida de coerción será de tres meses para los alegados autores de la muerte a tiros del empresario e ingeniero minero, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra-PUCAMAIMA-José Ramón Crespo Martínez, quien a la hora de la tragedia tenía 53 años de edad.

Hay quienn piden a las autoridades profundizar las investigaciones ya que algunos de ellos se habrían vistos envueltos en otros hechos similares al ocurrido contra el ingeniero Crespo Martínez.

Se ha dicho que para matar a Crespo Martínez quien era nativo de Mao los sicarios recibieron la suma de 150 mil pesos de 250 mil que habría pagado a su hijo Wascar de Jesús Mercado Filpo el nombrado Belarminio de Jesús Mercado González.

En el expediente instrumentado por la Policía se detalla que Belarminio de Jesús Mercado González, habría sido el planificador del crimen contra Jesús Ramón Crespo Martínez a quien tenía en su poder tres armas de fuego, como son una escopeta marca Mossbert, calibre 12; un revólver marca Python,c alibre 357 y una pistola maraca Starling, calibre 22 que portaba sin documentos.

También, fueron ocupadas dos camionetas marca Chevrolet, color gris y dorado las cuales junto a las armas fueron enviadas a la Justicia. Al ingeniero Crespo Martínez, sus matadores le dieron varios balazos cuando e halla aún dentro de su jeepeta marca Chevrolet en el parqueo del residencial Rauly IV, en la calle Eric Ekman, donde residía junto a su esposa Ana Isabel Bejarán, y tres hijas. Era exportador de productos agroindustriales y egresado de la primera promoción de Minería de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Aún, las autoridades no han determinado las causas reales que llevaron a cometer el crimen.

EN DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DICEN DISMINUYE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN R.D.

Santo Domingo.- En la conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos, especialistas en el área coinciden en que en la República Dominicana ha disminuido el respeto al derecho a la protección de la vida este año y pronostican que habrá un mayor descenso para el próximo.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, dijo que cerca de 400 ciudadanos han caído abatidos en alegados intercambios de disparos, desde enero a septiembre, y que de estos el 70 por ciento corresponde a ejecuciones.

“Me preocupa que también han incrementado los casos de tortura. Este año van más de 100 casos”, señaló.

Dijo que hay tres casos de desapariciones sin resolver por la actual gestión de la Policía Nacional y que unos 24 mil ciudadanos han sido detenidos este año por separado en redadas realizadas por esa institución del orden, lo cual asegura está prohibido por las leyes dominicanas.

“Las redadas policiales están prohibidas por el Código”, indicó, tras señalar que los agentes policiales suelen apresar a familiares para que las personas se entreguen.

Precisó que hay casos de esposas embarazadas que han llegado a perder sus hijos en estas detenciones tras dejarlas en libertad. Dijo que éstas son apresadas para presionar a sus esposos a que se entreguen.

Al igual que Mercedes, quien habló en el programa de televisión Uno Más Uno, la abogada y experta en derechos humanos Desiree del Rosario aseguró que las ejecuciones y torturas continúan incrementando en el país y que este tipo de acciones está penalizado por la ley.

“República Dominicana tiene un grave problema de protección de la vida”, dijo del Rosario al destacar que el país queda en los informes internacionales entre las naciones latinoamericanas con mayor índice de violencia.

Listin Diario

EN REPUBLICA DOMINICANA : LA VIDA NO VALE NADA

121 muertos en crímenes múltiples de PN y militares

por: SORANGE BATISTA Y U. GUZMÁN (s.batista@hoy.com.do)

En los últimos tres años han proliferado los casos de crímenes múltiples con la participación de agentes de la Policía y miembros de organismos castrenses, pero sobre todo de la primera. El resultado ha sido de 121 personas muertas, en su mayoría civiles y jóvenes, según está registrado en las publicaciones periodísticas. Se trata de hechos que crean preocupación.
Los casos múltiples de los llamados ‘intercambios de disparos’ entre policías y militares con presuntos delincuentes han cobrado por lo menos 121 vidas en los últimos tres años, de acuerdo con datos publicados en periódicos de circulación nacional.
38 en el año 2007. El primer hecho de este año ocurrió el día 9 de enero cuando agentes policiales mataron a tres presuntos asaltantes en San Francisco de Macorís.
En el mismo mes, cuatro de cinco supuestos delincuentes resultaron muertos en un alegado intercambio de disparos ocurrido en la avnida Charles de Gaulle, según la Policía.
Dos jóvenes hermanos fueron asesinados en Herrera, uno a manos de supuestos delincuentes y el otro por la Policía Nacional. La madre de ambos atribuyó los hechos a las denuncias de uno de sus hijos que señalaba a un policía como protector de delincuentes.
En marzo, la Policía mató a dos de cuatro hombres que viajaban en un carro y una yipeta. Según la institución del orden, se desplazaban en un vehículo robado.
En Puerto Plata, una patrulla mató a dos supuestos delincuentes. Las víctimas no portaban documentos al momento del hecho.
Dos hombres cayeron abatidos de varios disparos en un alegado intercambio con la Policía en Bonao. Testigos aseguraron que uno se había entregado a la patrulla cuando fue tiroteado.
En mayo, los cuerpos de tres jóvenes acribillados fueron encontrados en un camión en el vertedero de Duquesa.
Posteriormente los familiares señalaron a agentes policiales como autores del hecho. Fueron sometidos a la justicia y luego descargados.
En otro hecho, dos militares, un policía y un civil murieron en un enfrentamiento a balazos en Los Mameyes.
Luego, dos personas murieron en un enfrentamiento entre la Policía y una banda a la que pertenecían un capitán y un sargento mayor de la Policía.
En ese mismo año cayeron en intercambios otras 17 personas en seis hechos.
Año 2008: 56 muertes. El balance trágico se inició en febrero, cuando dos patrullas de la Policía mataron a cinco jóvenes en el ensanche Isabelita, de Santo Domingo Este.
Ese mismo mes, tres hombres fueron muertos por una patrulla en el sector Cristo Rey. Estaba comandada por un segundo teniente que resultó herido.
En otro hecho ocurrido en abril, dos hombres que supuestamente fueron sorprendidos robando cayeron abatidos en un hotel de Higüey. Según la Policía, uno de los supuestos asaltantes disparó con una chilena (arma de fuego de fabricación casera).
Otros tres presuntos delincuentes cayeron abatidos a tiros a manos de la Policía. El cuerpo del orden informó que los perseguía tras haber cometido un atraco.
Un hecho similar ocurrió en el sector Los Tres Ojos, donde dos hombres que viajaban en dos yipetas fueron muertos a tiros por la Policía en la madrugada. La entidad dijo que respondió disparos de las víctimas.
Asimismo agentes policiales ultimaron a tres jóvenes que supuestamente enfrentaron a tiros a varias patrullas policiales que los perseguían por la supuesta comisión de varios atracos en Altamira, Puerto Plata.
Tres hombres que habrían asaltado un colmado en Bello Campo fueron muertos por agentes luego de ser golpeados por residentes del sector. Se dijo que fueron ejecutados por policías.
Cuatro hombres fueron muertos a tiros en La Caleta por agentes policiales, luego de que en un confuso incidente resultó muerto el teniente coronel Gary Cordero Rodríguez. La Policía admitió que los civiles eran personas de trabajo y que no dispararon antes a los agentes.
Dos presuntos delincuentes fueron muertos a tiros por miembros de la Policía en un enfrentamiento ocurrido en San Francisco de Macorís.
Mientras dos hombres murieron en un supuesto intercambio de disparos con una patrulla en Monte la jagua, Moca. En un hecho ocurrido en junio.
Miembros de la Policía, mataron en un supuesto intercambio a dos presuntos delincuentes, de quienes se dijo que vestidos de militares cometían delitos.
En otros hechos similares cometidos este año murieron otras 28 personas, según las publicaciones.
Víctimas de 2009. Casi al término de este año se contabilizan 27 muertos en supuestos intercambios de disparos en los que caen más de dos personas.
En enero, una patrulla policial mató a tiros a tres jóvenes en Puerto Plata.
En junio, una patrulla policial mató a dos en Bávaro, Higüey, luego de que supuestamente cometieron un atraco.
El 27 de octubre, tres presuntos delincuentes murieron en un supuesto intercambio de disparos con policías que dijeron los sorprendieron atracando un negocio. Otros tres presuntos delincuentes fueron muertos el 10 de octubre mientras alegadamente robaban un camión en Los Alcarrizos.
Ese mismo día, Cecilio Díaz y William de Jesús Batista Checo, presuntos secuestradores de Eduardo Baldera Gómez, murieron a manos de la Policía en Villa Vásquez. Una comisión de la Procuraduría determinó que fueron ejecutados.
El día 22 de ese mes, una patrulla mató a dos hombres en un supuesto intercambio de disparos en Santiago. Y el día 26, tres hombres fueron muertos durante un asalto a una casa de citas en La Caleta, por una patrulla policial.
En ese mismo mes, dos presuntos delincuentes fueron muertos por la Policía en San Francisco de Macorís cuando, según la Policía, intentaron hacer un asalto y los agredieron a tiros.
En noviembre, la Policía mató a tres personas en Villa Mella en un supuesto intercambio de disparos.
El día 2 de este mes, un primer teniente de la Policía y cuatro civiles murieron en una balacera en la autopista Duarte. En medio de este balance, se investiga la muertes de cuatro hombres que perecieron baleados.

Periodico Hoy

REALIZARAN CLAUSURA CURSO ARTESANIA PARA DISCAPACITADOS EN MAO

Mao, Valverde.- El próximo lunes 14 de diciembre, diversas instituciones públicas y privadas como son el Cluster del Banano, Cluster del Mueble, Indepro, la Fiscalía de Valverde y la Fundación para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad invitan a autoridades y pueblo en general al acto de clausura del curso de artesanía con fibras del banano para personas con discapacidad.

La información fue ofrecida través de una comunicación e invitación del Lic. Germán Díaz Bonilla Presidente de FUNDEPEDI y la Lic. María Luz Filpo coordinadora del curso, el acto se inicia a las 4:00 de la tarde, en el salón Juan de Jesús Reyes del Ayuntamiento Municipal de Mao.

Es la primera vez que en esta localidad se celebra un curso de esa naturaleza, en el cual se proponen en el futuro incluir a los discapacitados en un ambiente socio laboral que pueda generar desarrollo y participación en este sector social tradicionalmente excluido en la sociedad.

PRISION PREVENTIVA A VENDEDOR ACUSADO DE ASALTO

SANTIAGO.-La Corte de Apelación de esta provincia revocó la medida de coerción de garantía económica que le había impuesto un tribunal de Mao al vendedor Mario Madera, imputado de participar en un asalto, y le impuso prisión preventiva de tres meses como nueva medida cautelar.

La corte conoció el recurso de apelación a solicitud de la Fiscalía de Valverde, luego que el Tribunal de Atención Permanente de este Distrito Judicial rechazara la medida de prisión que había pedido para el imputado, quien a la sazón logró salir en libertad gracias al pago de la garantía económica de trescientos mil pesos en efectivo que le fue impuesta. Mario Rafael Madera (Marito) fue señalado por el vendedor Welintong Diloné de ser la persona con quien se detuvo cuando viajaba en un vehículo de la compañía para la que trabaja, y luego, según ha dicho, junto a otros dos individuos lo despojó del dinero que portaba y fue atacado a machetazos. Durante el hecho, Diloné, quien dijo haber sido dejado por muerto y encerrado en el interior de un vehículo tipo Van, resultó con los dedos de sus dos manos cercenados y sufrió heridas de arma blanca en el cuello y en la espalda. De acuerdo a su relato, al ser agredido con un machete y caer de espalda al piso del vehículo, fingió haber muerto para confundir a sus atacantes y luego de que se marcharan, a fuerza de golpes con su cuerpo, logró abrir la puerta trasera, salir y pedir auxilio. Sostuvo que desde el mismo momento en que pudo hablar con alguien lo primero que hizo fue pedirle que escribiera en un papel, porque él no podía hacerlo, que había sido atracado y agredido a machetazos por Marito Madera y otras dos personas a quienes no conocía. La Policía detuvo al acusado y lo sometió a la justicia, pero en ese momento la fiscalía no logró convencer al juez de atención permanente con su solicitud de prisión como medida de coerción, por lo que logró salir libre, sin embargo, luego de varios meses la Corte de Apelación varió la medida de la garantía económica por la de prisión por tres meses. Con relación al caso también guarda prisión preventiva por tres meses el nombrado Welintong Rafael Bonilla, quien ha sido identificado como otro de los tres individuos que alegadamente participaron en el asalto. Un tercer participante no ha podido ser apresado, pero el joven asaltado dice que si lo ve lo conoce, y el fiscal adjunto Nelson Rodríguez ha manifestado que las autoridades andan tras sus pistas. Igual que Marito Madera, el otro detenido niega que tenga responsabilidad en el hecho imputado, pero el Fiscal Rodríguez ha sido enfático en afirmar que las pruebas en contra de esas dos personas son irrefutables. Sostuvo que el Ministerio Público profundiza las investigaciones para dar con el paradero del supuesto tercer implicado, y asegura que en un juicio de fondo quedará demostrada la participación de los detenidos en el hecho criminal. Nelson Rodríguez calificó como normal que los familiares de los imputados salgan en su defensa, pero aclaró que sólo cumple con su trabajo de representar a la sociedad ante la justicia. Sostuvo que en base a las pruebas recopiladas por la fiscalía, como institución que dirige el proceso investigativo en los casos penales, tanto Marito como Welintong han sido formalmente acusados de cometer robo agravado, tentativa de asesinato y asociación de malhechores, por lo que el ministerio público espera una condena de 20 a 30 años de prisión.

Ignacio Marquez

LOS DELINCUENTES DE SIEMPRE

Para nadie es un secreto que en la sociedad de la información el sistema penal necesita encontrar culpables a quien endilgar los crímenes y delitos violentos, que producen un acentuado desasosiego en las mayorías ciudadanas, y, consecuentemente, impactan en la estabilidad social con proyecciones abstractas y simbólicas que son más determinantes en la percepción de inseguridad que los delitos concretos. Se explica así, por ejemplo, porque a ciudadanas y ciudadanos atemorizados no les preocupa la corrupción en la misma intensidad que microtráfico de drogas. La razón es obvia, pues la violencia social asociada con las drogas les impacta más concretamente en su vida cotidiana y, además, es explotada con mayor fervor en los medios de comunicación que el dispendio de los cuantiosos recursos que consume la corrupción cada año incrementando la vulnerabilidad estructural de los sectores subalternos de la sociedad.

Fruto de esa anterior realidad, consciente o inconcientemente asumida, el sistema penal opera de manera selectiva y los más propensos a caer en sus redes son los individuos de sectores vulnerables, los marginados y desherados sociales, estereotipados como los únicos delincuentes, el “chivo expiatorio” de una sociedad excluyente, fichas indefensas en un juego de mesa, son los que encarcelan automáticamente se les imputa un delito, porque la pobreza en sí misma se asume como un peligro de fuga. “Por tratarse de personas desvaloradas, es posible asociarles todas las cargas negativas que existen en la sociedad en forma de prejuicio, lo que termina fijando una imagen pública del delincuente, con componentes clasistas, racistas, etarios, de género y estéticos” (Zaffaroni). Cuando, por excepción, el sistema penal selecciona algún comerciante, político u otra persona que no encaja en ese marco, se le ofrece un trato diferencial, con innumerables privilegios como si fueran patriotas sacrificados, los medios de comunicación deslegitiman la persecución penal atribuyéndole un interés político malsano y los abogados se inventan teorías conspirativas para eximirles de responsabilidad.

Los delincuentes de siempre son además deshumanizados en los medios de comunicación mediante cruzadas de “tolerancia cero” y terminan reducidos a “nuda vida” en un sistema penal que no les garantiza efectivamente sus derechos fundamentales como seres humanos. Nada evita así que personas inocentes que encajen en el estereotipo de delincuente queden atrapadas en las redes del sistema penal y sean expuestos a expiar una culpa que apacigüe los temores de las mayorías asustadizas. A ello coadyuva la inversión de las finalidades del proceso penal que pretende imponerse en la actualidad sintetizada en. Es que, en efecto, esa propaganda de tolerancia cero avala “la idea de un procedimiento penal que no se lleva a cabo para castigar, en su caso, cuando estamos convencidos de que resulta justo y necesario, sino, antes bien, él resulta posterior al castigo y pretende llevarse a cabo para corroborar si, al castigar directa o inmediatamente, no nos hemos equivocado grandemente y darle una oportunidad al ya penado para redimirse” (Maier).

Al final esos delincuentes de siempre no tienen ni garantías sobre su vida, porque aunque la pena de muerte ha sido formalmente desterrada del ordenamiento jurídico dominicano, queda latente en una forma más perversa, descontrolada y arbitraria: los “intercambios de disparos”. Allí los agentes policiales, desdiciendo su función preventiva, terminan convertidos en jueces-verdugos dispuestos a cegar las vidas de los “delincuentes” con total impunidad. Nadie se sorprende ya cuando lee en los periódicos que algún fulano cayó abatido en un intercambio de disparos. Son los mismos delincuentes de siempre, pero ¿cuándo caerán en combate los otros delincuentes?

Félix M. Tena De Sosa.

REFORMA PENITENCIARIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA

Trabajo en equipo Maite Abadía y Félix Olivares, coordinadores del programa.
Foto:VICTOR LAX

Una abogada zaragozana, Maite Abadía Buil, coordina desde hace un año un plan financiado por la Unión Europea para reformar las estructuras de Justicia en la República Dominicana. La letrada, que fue designada para esta tarea después de trabajar tres años en la reforma judicial del país caribeño, en nombre del Consejo General del Poder Judicial y de la Agencia Española de Cooperación Internacional, realizó el pasado fin de semana una visita oficial a Zaragoza, junto con el coordinador adjunto del plan, el abogado dominicano Félix Olivares.

"El plan se enmarca en el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), que pretende desarrollar en cuatro años un cambio en las estructuras de la República Dominicana para profundizar en la democracia y el respeto a los derechos humanos en este país, que cuenta con estructuras muy anquilosadas. Las áreas que abarca el PARNE son la Justicia, la Administración del Estado y la descentralización del mismo", explica Abadía.

El programa cuenta con un presupuesto de 38 millones de euros de los fondos europeos y es uno de los más importantes puesto en marcha por la UE, al promover un cambio que afecta a las propias estructuras del Estado de Derecho de un país.

Según la abogada zaragozana, "el área sobre la que trabajamos tiene un campo de actividades y unos objetivos muy amplios. Destaca la elaboración de un anteproyecto de Ley Contencioso Administrativa, apoyo a la oficina del Defensor del Pueblo y a las de orientación y asistencia jurídica, preparación de jueces y fiscales, mejoramiento de la situación penal, protección del menor y favorecer la participación de la sociedad civil facilitando el acceso del ciudadano a la Justicia".

El presupuesto de la UE cubre la asesoría y el estudio de la reforma, pero todo ello va acompañado sobre una serie de actuaciones ejecutivas con inversiones en infraestructuras que corren a cargo del Estado dominicano.

Cárceles

Uno de los asuntos en los que más se incide es la situación penal. Félix Olivares resalta que la sociedad de su país aplica un principio por el que el preso pierde sus derechos como ciudadano y se equipara su mejor situación en la cárcel a la peor que se pudiera tener en libertad.

"Lo que se trata es de que el preso sólo pierda en la cárcel su derecho a la libertad, sin menoscabo de los restantes derechos ciudadanos. En la actualidad existen muchas desigualdades en las cárceles de la República Dominicana, si bien lo que se consideran privilegios es el mínimo para sobrevivir", manifiesta Olivares, quien también expone una panorámica de la situación que se quiere cambiar y que es común a otros países del Tercer Mundo.

"En las cárceles existe hacinamiento, promiscuidad, falta de higiene y de agua corriente. No existe ventilación, con lo que ello supone en un país cálido caribeño. Hay mosquitos y aguas negras en el entorno de los centros. A esto hay que añadir la violencia, tráfico y consumo de drogas, armas, así como la ausencia total de cualquier programa resocializador de los presos. Además, la falta de garantías procesales se refleja en el elevado número de presos preventivos, que alcanza al 80% de la población reclusa", relata.

Sin embargo, ambos coordinadores resaltan la celeridad con la que ya se han emprendido las reformas desde la puesta en marcha del programa de la UE. Ya se ha terminado una nueva cárcel y ahora se están construyendo otras dos. Hay proyectos, además, para levantar otras cuatro. Se trabaja con una efectividad desconocida en un país de este hemisferio, incluso en muchos lugares del área europea.

"Hay que tener en cuenta que la República Dominicana es el país con mayor crecimiento de la zona desde 1994, con tasas del 7% del PIB. Nosotros tenemos desde 1984 una Ley General Penitenciaria, pero ocurre que hasta ahora no se ha podido aplicar", dice Olivares.

Abadía muestra su satisfacción por los avances conseguidos en este primer año, porque "se están dando pasos seguros con las instituciones. Cada paso es sostenible porque el Gobierno dominicano tiene voluntad política para consolidar estos cambios. La agenda no se define de forma unilateral en PARME, sino que los dominicanos asumen todos los proyectos y programas que son autosostenibles. Se trata, en definitiva, de mejorar la situación jurídica en aquel país y avanzar en los derechos humanos".

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=58527

EL FISCAL

Escrito por: Orión Mejía (orion_mejia@hotmail
El Ministerio Público (procuradores, fiscales, fiscalizadores) es la institución verdadera rectora del orden público, por cuanto representa a la Sociedad ante la juridisción de justicia, procura prevenir y persigue la comisión de crímenes y delitos y se erige en garante de los derechos del justiciable.
No sería posible frenar la espiral de violencia y criminalidad a menos que ciudadanía y actores sociales adquieran conciencia sobre ese rol protagónico del Fiscal, que incluye su supremacía jerárquica sobre la Policía en la investigación penal, en razón de que a ésta se le asigna el papel de auxiliarlo.
Hay que subrayar que el Ministerio Público es un ente único e indivisible, por tanto todos sus miembros actúan como un solo cuerpo. Ningún fiscal dictamina por sí mismo ni a nombre de su superior. En cualquier escenario ese funcionario representa a la sociedad.
Duele saber que los fiscales adjuntos que prestan servicios en instituciones represivas o normativas como la Policía, Dirección Nacional de Control de Drogas, Dirección de Migración, Aduanas, Impuestos Internos, cumplen roles de subordinación frente a personal administrativo en el manejo de expedientes sobre materia criminal, correccional o de simple policía.
En todo escenario (homicidio, robo, atraco, contrabando, drogas, evasión de impuestos, falsificación de documentos), las investigaciones correspondientes están a cargo del Ministerio Público en la persona del fiscal, quien determina las diligencias procesales que han de realizarse en la fase investigativa, así como el dictamen de sometimiento a la justicia, si fuera de lugar.
Desde siempre, y como herencia de regímenes represivos o acendrados en la cultura del tránquenlo, la Policía ha asumido el rol protagónico en la investigación sobre crímenes y delito y ha sido también el vocero del Estado ante la sociedad, mientras el Ministerio Público limita su accionar a asuntos de puro papeleo.
Al Ministerio Público hay que fortalecerlo por vía del entrenamiento de sus miembros a través de la escuela de fiscales, pero también hay que dotar a sus miembros de salarios adecuados y de un paquete laboral que haga envidiable ese noble ejercicio. Es menester además que el gobierno suministre el instrumental necesario para que los investigadores auxiliares de la Fiscalía (Policía, forenses, peritos) puedan realizar su trabajo con la mayor eficiencia.
Por el momento, me gustaría que en cada Distrito Judicial, el Fiscal asuma su rol de jefe de la investigación criminal y que sus dictámenes estén libres de influencia o subordinación de cualquier poder público o interés particular, aun sea de sus propios superiores jerárquicos.

CONDENAN A 30 ANOS POR ASESINATO EN MAO, APRESAN MATADORES EMPRESARIO AGRICOLA DE MAO

Mao, Valverde, R.D. El Tribunal Colegiado de Mao Sentencio a 30 años de prisión al nombrado Pablo de Jesús Serrata por el hecho de este haber asesinado de cuatro balazos al joven Jacinto Ignacio Taveras (Tito), mientras este transitaba en una motocicleta por la calle Emilio Arte de la ciudad de Mao, los disparos impactaron en distintas partes del cuerpo de la victima. La sentencia acogio el dictamen del Ministerio Publico representado por las Licdas. Aida Medrano y Joselin Checo, Procuradoras Fiscales Adjuntas de Valverde. El crimen ocurrió el día 4 de junio del 2008, falleciendo la victima seis meses después por complicaciones producto de la agresión que lo dejo paralitico. La condena a 30 años es la primera de esa naturaleza en Mao, luego que la Suprema Corte de Justicia creara por resolución el primer Tribunal Colegiado de Mao, la calificación jurídica que dicto el tribunal contra el imputado por el hecho cometido de violar los artículos 295, 296, 297, 298, y 302, 309 y 310 del Código Penal Dominicano. El móvil del asesinato fue por motivos pasionales, según declaro el victimario Pablo de Jesús Serrata.


APRESADOS PADRE E HIJO POR MATAR EMPRESARIO AGRICOLA DE MAO

Marcelo Peralta
SANTIAGO, R. D. Un obrero y su hijo fueron detenidos por la Policía acusados de planificar la muerte a tiros de su patrón, un empresario agrícola y donde se confirma que hay más personas, entre ellos un menor de edad. El vocero de la Policía, coronel Jesús Cordero Paredes informó que los detenidos son Belarminio de Jesús Mercado González, de 51 años de edad y su hijo Wascar de Jesús Mercado Filpo, Otro de los detenidos es Iván Ariel Tejada Gómez y un menor de 17 años de edad, cuyo nombre se obvia por ley, implicados como cómplices de este abominable crimen que consternó a la sociedad de Santiago. Cordero Paredes, dijo que están acusados de matar al empresario agrícola Jesús Ramón Crespo Martínez, de 51 años de edad, quien era su “patrón” ya que trabajaban en una finca de guineo que la víctima tenía en Mao. A Crespo lo mataron a tiros el pasado 14 de septiembre del presente año cuando llegaba en una jeepeta de su propiedad a su casa en el populoso sector de Gurabo al Norte de Santiago. La Policía dijo que los autores de matar a Crespo, entre ellos un menor de edad quienes se desplazaban en una motocicleta y que recibieron como paga la suma de 150 mil pesos para cometer el crimen que había entregado Belarminio de Jesús Mercado González a su hijo Wascar de Jesús Mercado Filpo. Belarminio de Jesús Mercado González, entregó a su hijo Wascar de Jesús Mercado Filpo, la suma de 250 mil pesos para contratar a sicarios, pero éste solo gastó 150 mil pesos, dice un informe de la Policía. En su nota de prensa, la Policía instó a Joel Fermín Ulloa-Joelito- entregarse a las autoridades quien está implicado en el crimen. Lo exhortó a entregarse a las autoridades para evitar hechos lamentables y para que responda a los hechos. Explicó que después que mataron a Crespo Martínez, la motocicleta marca Axis fue vendida al supuesto delincuente Richard el Lobo quien está detenido, acusado en otras ocasiones por la comisión de robos, atracos y asaltos a manos armada. Detalla la Policía que a Belarminio de Jesús Mercado González, planificador del crimen contra Jesús Ramón Crespo Martínez, tenía en su poder tres armas de fuego, como son una escopeta marca Mossbert, calibre 12; un revólver marca Python,c alibre 357 y una pistola maraca Starling, calibre 22 que portaba sin documentos. También, fueron ocupadas dos camionetas marca Chevrolet, color gris y dorado las cuales junto a las armas fueron enviadas a la Justicia. Indignada reaccionó la señora Ana Isabel Bejarán, esposa de la víctima, quien dijo no salir del asombro de que las personas de confianza fueron quienes fraguaron el crimen. El vocero de la Policía, dijo que se busca a un tal Joel y a un menor de edad implicado en ese crimen que consternó a la población. En los arrestos participaron fiscales adjuntos y miembros de la Policía. Las armas con la que supuesto mataron al empresario y productor agrícola fueron presentadas por la Policía. Crespo era ahijado del empresario Manuel Arsenio Ureña, quien había pedido a la Policía intensificar las investigaciones para dar con los autores de este hecho. Aunque la Policía ofrece todos estos detalles, sin embargo, no menciona las causas que llevaron a estas personas a cometer el crimen.

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