Trabajo en equipo Maite Abadía y Félix Olivares, coordinadores del programa.
Foto:VICTOR LAX
Una abogada zaragozana, Maite Abadía Buil, coordina desde hace un año un plan financiado por la Unión Europea para reformar las estructuras de Justicia en la República Dominicana. La letrada, que fue designada para esta tarea después de trabajar tres años en la reforma judicial del país caribeño, en nombre del Consejo General del Poder Judicial y de la Agencia Española de Cooperación Internacional, realizó el pasado fin de semana una visita oficial a Zaragoza, junto con el coordinador adjunto del plan, el abogado dominicano Félix Olivares.
"El plan se enmarca en el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), que pretende desarrollar en cuatro años un cambio en las estructuras de la República Dominicana para profundizar en la democracia y el respeto a los derechos humanos en este país, que cuenta con estructuras muy anquilosadas. Las áreas que abarca el PARNE son la Justicia, la Administración del Estado y la descentralización del mismo", explica Abadía.
El programa cuenta con un presupuesto de 38 millones de euros de los fondos europeos y es uno de los más importantes puesto en marcha por la UE, al promover un cambio que afecta a las propias estructuras del Estado de Derecho de un país.
Según la abogada zaragozana, "el área sobre la que trabajamos tiene un campo de actividades y unos objetivos muy amplios. Destaca la elaboración de un anteproyecto de Ley Contencioso Administrativa, apoyo a la oficina del Defensor del Pueblo y a las de orientación y asistencia jurídica, preparación de jueces y fiscales, mejoramiento de la situación penal, protección del menor y favorecer la participación de la sociedad civil facilitando el acceso del ciudadano a la Justicia".
El presupuesto de la UE cubre la asesoría y el estudio de la reforma, pero todo ello va acompañado sobre una serie de actuaciones ejecutivas con inversiones en infraestructuras que corren a cargo del Estado dominicano.
Cárceles
Uno de los asuntos en los que más se incide es la situación penal. Félix Olivares resalta que la sociedad de su país aplica un principio por el que el preso pierde sus derechos como ciudadano y se equipara su mejor situación en la cárcel a la peor que se pudiera tener en libertad.
"Lo que se trata es de que el preso sólo pierda en la cárcel su derecho a la libertad, sin menoscabo de los restantes derechos ciudadanos. En la actualidad existen muchas desigualdades en las cárceles de la República Dominicana, si bien lo que se consideran privilegios es el mínimo para sobrevivir", manifiesta Olivares, quien también expone una panorámica de la situación que se quiere cambiar y que es común a otros países del Tercer Mundo.
"En las cárceles existe hacinamiento, promiscuidad, falta de higiene y de agua corriente. No existe ventilación, con lo que ello supone en un país cálido caribeño. Hay mosquitos y aguas negras en el entorno de los centros. A esto hay que añadir la violencia, tráfico y consumo de drogas, armas, así como la ausencia total de cualquier programa resocializador de los presos. Además, la falta de garantías procesales se refleja en el elevado número de presos preventivos, que alcanza al 80% de la población reclusa", relata.
Sin embargo, ambos coordinadores resaltan la celeridad con la que ya se han emprendido las reformas desde la puesta en marcha del programa de la UE. Ya se ha terminado una nueva cárcel y ahora se están construyendo otras dos. Hay proyectos, además, para levantar otras cuatro. Se trabaja con una efectividad desconocida en un país de este hemisferio, incluso en muchos lugares del área europea.
"Hay que tener en cuenta que la República Dominicana es el país con mayor crecimiento de la zona desde 1994, con tasas del 7% del PIB. Nosotros tenemos desde 1984 una Ley General Penitenciaria, pero ocurre que hasta ahora no se ha podido aplicar", dice Olivares.
Abadía muestra su satisfacción por los avances conseguidos en este primer año, porque "se están dando pasos seguros con las instituciones. Cada paso es sostenible porque el Gobierno dominicano tiene voluntad política para consolidar estos cambios. La agenda no se define de forma unilateral en PARME, sino que los dominicanos asumen todos los proyectos y programas que son autosostenibles. Se trata, en definitiva, de mejorar la situación jurídica en aquel país y avanzar en los derechos humanos".
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=58527
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