Por Oscar Medina
El pleno de la Suprema Corte de Justicia acaba dictar la resolución 58-2010, una disposición valiente que busca dar respuesta a los reclamos de la sociedad, en cuanto a la lasitud con que los jueces están utilizando la normativa de procedimiento penal. La Suprema ha decidido endurecer las condiciones para la imposición y la variación de las medidas de coerción, y establecer criterios que amplían la base de aplicación de la prisión preventiva, llamando a los jueces a tomar en cuenta otros condicionantes además del “peligro de fuga”, como son la pertenencia a una organización criminal, la posibilidad de atentar contra las pruebas, o en represalia contra el acusador.
Es cierto que existen consideraciones en cuanto al alcance de la disposición, que algunos entienden transgrede el espacio de la Justicia, e incurre en modificaciones prácticas a la legislación existente. Aunque mientras el control de la constitucionalidad sea facultad de la SCJ, esas serán simples discusiones doctrinarias. Sin embargo, lo que si es importante es el alcance de la resolución, y como va a dar respuesta a una inquietud que cada vez se hace más amplia en la base social dominicana, y que gira en torno a las debilidades y el garantismo excesivo del Código Procesal Penal, y como son utilizadas por autoridades judiciales poco escrupulosas, para dejar en las calles a peligroso delincuentes.
Hace tiempo que esto es así. Los escándalos serán ahora más escandalosos, pero hace tiempo que los poderes públicos reciben señales de que ese Código hay que cambiarlo. Líderes de todos los segmentos de la sociedad se han pronunciado en ese sentido. Sin embargo, ni el Ejecutivo, ni el Congreso, ni la misma Justicia, habían tomado ninguna decisión en ese sentido. La sociedad desprotegida, clamando por un endurecimiento de la política criminal que abracará el sistema penal, y sin embargo los que dirigen no se daban por enterados. Por eso, que bueno que la Suprema actuó, y que como dijo el magistrado Subero, “puso el oído en el corazón el pueblo”.
Ahora toca al Congreso abordar de una vez y por todas las modificaciones que ese código amerita. Manteniendo sus cosas buenas -que las tiene- pero corrigiendo sus desviaciones. Para que al menos los deliencuentes, los matones y los mafiosos, no sientan que pueden actuar tan a sus anchas, contando con la complicidad de elementos de la seguridad del Estado y de funcionarios judiciales, que para hacer negocios y vender libertades, se saben ese código más que el mejor de los criminalistas.
Fuente: Listin Diario
17-02-10
El pleno de la Suprema Corte de Justicia acaba dictar la resolución 58-2010, una disposición valiente que busca dar respuesta a los reclamos de la sociedad, en cuanto a la lasitud con que los jueces están utilizando la normativa de procedimiento penal. La Suprema ha decidido endurecer las condiciones para la imposición y la variación de las medidas de coerción, y establecer criterios que amplían la base de aplicación de la prisión preventiva, llamando a los jueces a tomar en cuenta otros condicionantes además del “peligro de fuga”, como son la pertenencia a una organización criminal, la posibilidad de atentar contra las pruebas, o en represalia contra el acusador.
Es cierto que existen consideraciones en cuanto al alcance de la disposición, que algunos entienden transgrede el espacio de la Justicia, e incurre en modificaciones prácticas a la legislación existente. Aunque mientras el control de la constitucionalidad sea facultad de la SCJ, esas serán simples discusiones doctrinarias. Sin embargo, lo que si es importante es el alcance de la resolución, y como va a dar respuesta a una inquietud que cada vez se hace más amplia en la base social dominicana, y que gira en torno a las debilidades y el garantismo excesivo del Código Procesal Penal, y como son utilizadas por autoridades judiciales poco escrupulosas, para dejar en las calles a peligroso delincuentes.
Hace tiempo que esto es así. Los escándalos serán ahora más escandalosos, pero hace tiempo que los poderes públicos reciben señales de que ese Código hay que cambiarlo. Líderes de todos los segmentos de la sociedad se han pronunciado en ese sentido. Sin embargo, ni el Ejecutivo, ni el Congreso, ni la misma Justicia, habían tomado ninguna decisión en ese sentido. La sociedad desprotegida, clamando por un endurecimiento de la política criminal que abracará el sistema penal, y sin embargo los que dirigen no se daban por enterados. Por eso, que bueno que la Suprema actuó, y que como dijo el magistrado Subero, “puso el oído en el corazón el pueblo”.
Ahora toca al Congreso abordar de una vez y por todas las modificaciones que ese código amerita. Manteniendo sus cosas buenas -que las tiene- pero corrigiendo sus desviaciones. Para que al menos los deliencuentes, los matones y los mafiosos, no sientan que pueden actuar tan a sus anchas, contando con la complicidad de elementos de la seguridad del Estado y de funcionarios judiciales, que para hacer negocios y vender libertades, se saben ese código más que el mejor de los criminalistas.
Fuente: Listin Diario
17-02-10
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