Blogs creado con el objetivo de llevar a los lectores un panorama de los principales hechos y noticias de nuestro pueblo Mao, Provincia de Valverde, Republica Dominicana, asi como contribuir al acervo cultural, social y comunitario de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Santiago.- La fiscal de esta ciudad Yenny Berenice Reynoso se quejó de lo que define como amplia complicidad social con el narcotráfico que se convierte en presión para la aplicación de la justicia, a quienes se dedican a esa perniciosa actividad que tantos problemas genera.
La magistrada consideró indignante, penoso y lamentable que muchas instituciones como juntas de vecinos, clubes, asociaciones y en algunos casos hasta iglesias, respaldan a quienes son sometidos por ese delito, tratando de presentarlos como personas decentes.
Reynoso precisa que en muchos casos, luego de una larga investigación con labor de inteligencia, se apresan individuos con kilos de drogas y otros elementos probatorios. Sin embargo, deploró que después aparecen instituciones sociales redactando documentos de apoyo y alegando su seriedad e inocencia.
La fiscal de Santiago dice que en ocasiones se trata de narcotraficantes notables en las comunidades, que luego de apresados encuentran el padrinazgo de organizaciones de la sociedad civil que tratan de presentarlos como inocentes.
La fiscal indica que esa práctica está sustentada en varios factores, como son el temor a los narcotraficantes, las prebendas que éstos distribuyen por agradecimiento, ya que muchos se dedican a resolver problemas económicos a personas necesitadas, lo que convierte a quienes se dedican a esa lesiva actividad en personas de arraigo social.
“Pero esos elementos que se presentan como generosos para solucionar muchos problemas en las comunidades con el dinero de las drogas, son los mismos que regalan estupefacientes a niños de once años para iniciarlos en el vicio”, precisó Reynoso.
Mao.- Un joven de unos 22 años de edad fue ultimado por una patrulla de la Policía Nacional cuando este supuestamente se le enfrento a tiros conjuntamente con otras personas que el cuerpo del orden declaró prófugos. El difunto fue identificado con el nombre de Edwin Manuel Noesi Marte, alias Gueva, quien residia en la calle "C" del sector El Motocross de esta ciudad de Mao, en tanto que la tragedia ocurrio en el lugar denominado como La Breña del Motocross luego de una supuesta persecución realizada en su contra por parte de una patrulla motorizada de la policía nacional. Se dijo que la misma patrulla llevo el cadaver a la morgue del Hospital Regional Luis L.Bogaert de la ciudad de Mao y que allí fueron agredido por un grupo de personas y que los policías tubieron que emprender la huida ante la enardecida multitud que incendiaron la motocicleta de los patrulleros quedando totalmente calcinada en el patio del hospital. El grupo de personas llego a la morgue del centro de salud y allí rompieron persianas y trataron de penetrar al lugar para llevarse el cuerpo sin vida de Noesi Marte, pero fueron recibidos con bombas pimentadas por lo que se vieron obligados a bandonar sus intenciones. Gueva, como mejor era conocido en el lugar, murió a consecuencia de una herida de bala que penetro por el área renal izquierda sin salida, según explicara el doctor Gonzalez, médico legista que examino el cadaver conjuntamente con el Procurador Fiscal de Valverde, Germán Díaz Bonilla, quienes recomendaron a los familiares llevarse el cadáver de Edwin Manuel Noesi Marte para ser velado en su residencia. Según trascendió, el joven muerto había dado varios golpes a una mujer embarazada y que esta interpuso una querella en su contra y que es por ello que la policía fue en su captura, pero que este emprendió la huida junto a otros jóvenes que se encontraban alegadamente en su compañía, quienes según dijo la policía, enfrentaron la patrulla con una arma de fuego que se encuentra en la sede de la Regional Noroeste de la Policía como evidencia y para ser evaluada en la investigación que se hará en torno a este caso que intranquilizó a la población. También se dijo que Edwin Manuel Noesi Marte (Gueva), era perseguido por la policía al ser este vinculado a un robo y supuestamente por otros delitos. El hecho ocurrió al caer la tarde del domingo 21 del presente mes de Febrero y no fue hasta unas dos horas despues que fue entregado a sus familiares quienes vociferaban que se lo entregaran si no se lo iban a comer, "Entréguenlo por favor, no sean tan indolentes, ya lo mataron, que más quieren", vociferaban la madre, hermanos y otros familiares del muerto.
SANTIAGO, R.D. Aunque resulta increíble, desconocidos penetraron a la sede de la Dirección Regional Cibal Central de la Policía en Santiago desde donde sustrajeron varias baterías para inversores, las cuales eran propiedad de una de las oficinas de Fiscalía local.
Las oficinas de los fiscales adjuntos están ubicadas en la sede de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía donde funcionaba la antigua base Aérea Dominicana, luego de ser trasladada a Puerto Plata.
Hasta las oficinas de la Fiscalía llegaron los intrusos para robarse las materias que ha dejado a oscura las oficinas de de la Fiscalía adjunta ubicadas en la Dirección Regional Cibao Central de la Policía.
Fuentes oficiosas indican que no es la primera vez que en la sede de la uniformada en Santiago ocurren robos.
Se recuerda que en una ocasión en horas de la madrugada robaron desde el interior de una jeepeta parqueada allí un bulto conteniendo en su interior relojes, gafas y otras pertenencias de un miembro de la institución, las cuales luego fueron recuperadas.
También, hace algún tiempo a un oficial, que ya ha sido pensionado, desconocidos les sustrajeron la gasolina del tanque de su vehículo.
No se explica cómo se pueden realizar tantos robos donde hay una cantidad de policías que supervisan la entrada y salida de vehículos y personas que allí asisten.
Precisamente, todos los días los reporteros que cubren la fuente policial y que acuden al Departamento de Relaciones Públicas en busca de las novedades diarias en horas de la mañana confrontan serias dificultades para penetrar allí en las unidades móviles.
Por Jose Cordoba "El presidente dominicano Leonel Fernández realizó una visita no anunciada a su colega haitiano, René Préval, menos de 48 horas después del devastador terremoto del mes pasado en Puerto Príncipe, la capital haitiana.
Préval se había reinstalado con miembros del gobierno haitiano que sobrevivieron a la catástrofe en una oscura comisaría de una planta cerca del aeropuerto. “Lo encontré solo en una oficina oscura”, afirma Fernández en una entrevista en una sala de recepción con adornos dorados en el palacio presidencial en esta ciudad. “Rápidamente comenzamos a hacer planes para ver qué medidas inmediatas podíamos tomar” para ayudar.
Durante dos siglos, Haití y la República Dominicana han sido vecinos poco amigables.
Los dos países comparten la pequeña isla de La Española, pero hablan idiomas diferentes, y sus historias sangrientas y llenas de enfrentamientos han motivado desconfianza, miedo y resentimiento mutuos. Tras el terremoto del 12 de enero, personas a ambos lados de la frontera ven una oportunidad de mejorar las relaciones.
Además de millones de dólares en ayuda privada y gubernamental, la República Dominicana envió 15 cocinas de campo a Haití y cada una sirve más de 60.000 comidas calientes por día, así como decenas de generadores y equipos de trabajadores eléctricos para ayudar a devolver la energía a Puerto Príncipe.
Los médicos dominicanos convirtieron lo que se iba a convertir en una clínica en la frontera en un hospital completo donde miles de haitianos heridos han sido atendidos.
“Los dominicanos fueron los primeros en llegar con ayuda, médicos y comida”, dice Alice Blanchet, asesora especial del primer ministro haitiano Jean-Max Bellerive. “Estuvieron estupendos”.
“Creo que la tragedia tuvo la bendición de acercar a nuestros países”, afirma Fernández. De todos modos, advierte, si una masa de haitianos cruza la frontera, pondría presión sobre los ya agobiados servicios públicos y potencialmente amenazaría al gobierno dominicano. Podría también convertirse en un problema de seguridad regional para EE.UU. “El tráfico de drogas aumentaría. Podríamos convertirnos en Estados fallidos”, sostiene, al referirse a la posibilidad de un colapso en Haití.
La raza ha sido un factor importante en la historia de la isla. Los revolucionarios negros haitianos, quienes consiguieron la independencia para su país a manos de los granaderos de Napoleón en 1804, dominaron con rapidez la parte oriental de la isla, dominada por los españoles. Recién en 1844, la República Dominicana se independizó de Haití.
Los dominicanos, que hablaban español y tenían una piel relativamente más clara, a su vez despreciaban y temían a sus vecinos predominantemente negros que hablaban criollo.
Generaciones de dominicanos fueron criados con la historia nacional de cómo las tropas haitianas masacraron a miles de dominicanos durante la guerra de independencia del país. En 1937, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo ordenó la masacre de unos 30.000 migrantes haitianos, la mayoría de los cuales trabajaban en campos de azúcar dominicanos.
La República Dominicana ha logrado progresos constantes desde que comenzó a salir de la sombra de la dictadura de 31 años de Trujillo en 1961, pero Haití se hundió en el caos una y otra vez luego de que los 29 años de dictadura de la familia Duvalier terminaran en 1986. Ambos son países pobres con poblaciones de alrededor de 9 millones de personas. Pero el Producto Interno Bruto de Haití es de menos de US$6.000 millones, y 78% de la población vive con menos de US$2 por día. La República Dominicana tiene un PIB de US$45.000 millones y una tasa de pobreza de 48%. Actualmente, hasta un millón de haitianos viven en la República Dominicana, y muchos de ellos trabajan en agricultura y construcción.
Fernández afirma que espera que la comunidad internacional invierta los miles de millones de dólares necesarios para “refundar” Haití. Pero él y muchos otros aquí temen que la atención internacional se desvanezca y la presión de un Haití fallido impulse la migración a la República Dominicana. Eso se sumaría a los problemas de este país —que sufre una corrupción endémica, creciente infiltración de traficantes de drogas, y apagones que duran horas— que han frenado el desarrollo económico.
Recuperar Haití será una misión hercúlea. En un informe el martes, el Banco Interamericano de Desarrollo concluyó que el terremoto haitiano ha sido el peor y más caro desastre natural de la historia. Unas 250.000 personas murieron y el terremoto causó hasta US$13.200 millones en daños materiales.
Una década después de la catástrofe, la producción económica de Haití probablemente será un 30% menor de lo que sería si el desastre no hubiera ocurrido, según el informe.
De todos modos, el terremoto desató muestras de apoyo de individuos y empresas dominicanos. Empresas de ese país donaron alrededor de US$17 millones en ayuda.
“Vemos en esta tragedia una oportunidad de desarrollo en la isla”, indicó Fernando Capellán, un empresario dominicano que es presidente de Grupo M, firma que opera una zona de libre comercio en la parte haitiana de la frontera donde unos 4.000 trabajadores ensamblan prendas de vestir.
Lisandro Macarulla, vocero de Conep, una importante cámara de comercio dominicana, afirma que hay oportunidades para que las empresas de su país vendan toda clase de productos, desde espagueti hasta equipos pesados a Haití, el segundo mayor socio comercial del país después de EE.UU. Pero él y Macarulla hicieron eco de la preocupación de Fernández de que la comunidad internacional pierda interés. “La situación es tanto una oportunidad como un peligro”, sostiene.
Tomado y traducido del The Wall Street Journal Por el periodico Listin Diario 19-02-10
(Lic. Félix Damián Olivares Grullón, uno de los juristas que interviniera en la redacción del Código Procesal Penal)
Leí la Resolución (58-2010). Un primer punto que salta a la vista es que la mayor parte de los criterios ya están contenidos en la legislación procesal. Ahora bien, la SCJ incorpora temas no legislados, tales como la sospecha de pertenecer a organización criminal, alarma social y posibilidad de entorpecimiento de las investigaciones ulteriores. Estos criterios fueron contemplados y descartados al momento de las múltiples discusiones sobre el particular. Resulta que el estado no puede alegar su pretendida debilidad para "trancar primero (apoderarse del cuerpo del presunto inocente) para investigarle después," y en todo caso debe disponer de los mecanismos para evitar la intimidación de testigos y la destrucción ulterior de medios probatorios.
Pero lo que duele singularmente es que contrariando la letra y espíritu constitucionales, que manda que la privación o restricción de libertad sea MOTIVADA, nuestra SCJ ponga el acento en la obligación de motivar la decisión que opera una revisión favor o pro libertatis, al tiempo de adoptar una función impropia de los jueces que es hacer parte de una política criminal al aplicar las disposiciones con una orientación pro stato o pro societatis. Es una lástima que hayamos sucumbido a las presiones autoritarias de sectores conservadores y reaccionarios que han logrado transmitir la sensación de que la culpa de la conflictividad violenta y las manifestaciones del crimen organizado son atribuibles a la letra de la ley o a su aplicación consecuente.
Recordemos que los derechos valen lo que sus garantías. Ahora resulta que toda persona es un preso de confianza de un fiscal o policía, porque ¿Qué juez (a) se sentiría motivado a revisar una medida de coerción con esa amenaza contra libertatis lanzada por esta SCJ? La SCJ ha eliminado el principio de la libertad como regla, el estado jurídico de inocencia y el juicio previo. Se ha configurado una contrarreforma autoritaria del proceso penal. Claro, espero que la PGR apure la búsqueda de recursos para poder albergar los miles de internos que permanecerán más allá de los plazos razonables de prisión preventiva. Hoy por hoy, y que me corrija el Prof. Pérez Sánchez, la población penitenciaria supera las 19,000 almas, pronto llegáremos a las 24,000 a ese ritmo seremos una verdadera colonia penal penitenciaria, de presos sin condenas o presos para investigar o presos por sospecha. Si a ello sumamos las 500 ejecuciones por año, tenemos que convenir que es el nuestro un sistema ¿de justicia? penal extremadamente violento y que vulnera de manera masiva y sistemática los derechos fundamentales.
Urge, desplazar de la cúpula de la función jurisdiccional a los jueces conservadores y timoratos que nos gastamos. Necesitamos que convencidos demócratas y versados en derecho penal tales como Miriam German, Pedro Balbuena, Julio Cesar Cano, Ramón Horacio González, Modesto Martínez, Katia Miguelina, Manuel Ulises, Mario Nelson, José Manuel Glass, Hiroito Reyes, entre otros magistrados, sean considerados para integrar la NUEVA SCJ. Tenemos por delante importantes jornadas para recuperar las garantías de los derechos fundamentales, desconocidos en el discurso y práctica de nuestra SCJ.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia acaba dictar la resolución 58-2010, una disposición valiente que busca dar respuesta a los reclamos de la sociedad, en cuanto a la lasitud con que los jueces están utilizando la normativa de procedimiento penal. La Suprema ha decidido endurecer las condiciones para la imposición y la variación de las medidas de coerción, y establecer criterios que amplían la base de aplicación de la prisión preventiva, llamando a los jueces a tomar en cuenta otros condicionantes además del “peligro de fuga”, como son la pertenencia a una organización criminal, la posibilidad de atentar contra las pruebas, o en represalia contra el acusador.
Es cierto que existen consideraciones en cuanto al alcance de la disposición, que algunos entienden transgrede el espacio de la Justicia, e incurre en modificaciones prácticas a la legislación existente. Aunque mientras el control de la constitucionalidad sea facultad de la SCJ, esas serán simples discusiones doctrinarias. Sin embargo, lo que si es importante es el alcance de la resolución, y como va a dar respuesta a una inquietud que cada vez se hace más amplia en la base social dominicana, y que gira en torno a las debilidades y el garantismo excesivo del Código Procesal Penal, y como son utilizadas por autoridades judiciales poco escrupulosas, para dejar en las calles a peligroso delincuentes.
Hace tiempo que esto es así. Los escándalos serán ahora más escandalosos, pero hace tiempo que los poderes públicos reciben señales de que ese Código hay que cambiarlo. Líderes de todos los segmentos de la sociedad se han pronunciado en ese sentido. Sin embargo, ni el Ejecutivo, ni el Congreso, ni la misma Justicia, habían tomado ninguna decisión en ese sentido. La sociedad desprotegida, clamando por un endurecimiento de la política criminal que abracará el sistema penal, y sin embargo los que dirigen no se daban por enterados. Por eso, que bueno que la Suprema actuó, y que como dijo el magistrado Subero, “puso el oído en el corazón el pueblo”.
Ahora toca al Congreso abordar de una vez y por todas las modificaciones que ese código amerita. Manteniendo sus cosas buenas -que las tiene- pero corrigiendo sus desviaciones. Para que al menos los deliencuentes, los matones y los mafiosos, no sientan que pueden actuar tan a sus anchas, contando con la complicidad de elementos de la seguridad del Estado y de funcionarios judiciales, que para hacer negocios y vender libertades, se saben ese código más que el mejor de los criminalistas.
La nueva constitución de la República proclamada el 26 de enero del 2010, gaceta oficial numero 10561, establece que "Los ayuntamientos podrán establecer arbitrios en el ámbito de su demarcación, siempre y cuando esos gravámenes no colidan con los impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal o de exportación, ni con la Constitución y las leyes". Entre otras disposiciones, también se estableció que "El Distrito Nacional, los Municipios y los Distritos Municipales constituyen la base del sistema político administrativo local y que son personas jurídicas de derecho público responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio y de autonomía presupuestaria con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía en los términos establecidos por la Constitución y las leyes". El nombre de “Sindico” desapareció con la nueva constitución los ejecutivos municipales se denominaran “Alcalde o Alcaldesa”, en lo referente a la participación de la ciudadanía se establece que "La ley orgánica de la administración local establecerá los ámbitos, requisitos y condiciones para el ejercicio del referendo, plebiscito y la iniciativa normativa municipales con el fin de fortalecer el desarrollo de la democracia y la gestión local." Un avance importante para el desarrollo local de las instituciones comunitarias y los barrios y comunidades de pobladores, es la inclusión en la nueva constitución del presupuesto participativo "mecanismo por el cual La inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos que propicien la integración y corresponsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local". Con relación a los extranjeros residentes se establece cinco años de residencia en el municipio para poder optar a un cargo electivo (anteriormente eran diez años). Las disposiciones en la nueva constitución relativas a los ayuntamientos están contenidas en el capítulo II, sección II, artículos del 199 hasta el 207. En la anterior constitución solo cuatro artículos se referían a la administración municipal.
