El viernes de la semana pasada se expusieron en esta columna las razones por las que el sistema penal reacciona con fervor instintivo contra “los delincuentes de siempre”. En lo que sigue se intentará explicar como opera respecto de “los otros delincuentes”. Lo primero a considerar es que “en la sociedad tiene lugar un entrenamiento diferencial, conforme al grupo de pertenencia, que desarrolla habilidades distintas según la extracción y posición social (clase, profesión, nacionalidad, lugar de residencia, escolaridad). Cuando una persona comete un delito, utiliza los recursos que le proporciona el entrenamiento a que ha sido sometido”. Los delincuentes de siempre son “personas en posición social desventajosa —y por lo tanto, con entrenamiento primitivo—, cuyos eventuales delitos, por lo general, sólo pueden ser obras toscas” que la comunicación reseña “como los únicos delitos” ocultando “el resto de los ilícitos que son cometidos por otras personas en forma menos grosera o muy sofisticada” (Zaffaroni).
Esas otras personas cuyos ilícitos son ocultados pertenecen a los estratos más altos de la sociedad, respetables hombres de saco y corbata. Muchos gozan de altas posiciones en las instituciones públicas y las empresas privadas. Sus delitos tienden a ser difusos (porque no afectan a nadie en particular), requieren de planificación, estrategias y organización (que sólo pueden realizar personas con entrenamiento sofisticado), y causan enormes daños financieros (que superan con creces los de crímenes comunes contra el patrimonio). Pertenecen a este tipo de ilícitos la malversación de fondos públicos, el lavado de dinero, la distracción de capitales o la falsificación de medicamentos. Todos esos y otros muchos de su misma naturaleza, que Sutherland agrupó bajo la denominación de “crímenes de cuello blanco”, son motivados por el “animus lucrandi”.
Se trata de ilícitos que suelen quedar ocultos en una red de políticas e instituciones que sistemáticamente favorecen a las minorías de poder o permanecen en la absoluta impunidad de un sistema penal que no puede reaccionar eficazmente en su contra, por la falta de voluntad política, que sólo se manifiesta muy excepcionalmente ante el “retiro de cobertura” de “alguien que, hallándose en una posición que lo hace prácticamente invulnerable al poder punitivo, lleva la peor parte en una pugna de poder hegemónico” (Zaffaroni). Es lo que ocurre con las acusaciones contra políticos que pertenecen a partidos de la oposición o empresarios que pierden la protección del poder. Ello explica la contrastante proactividad que tuvo el sistema penal dominicano en BANINTER y RENOVE, o, en sentido contrario, el por qué las denuncias de corrupción a lo interno de los gobiernos son disminuidas a “intereses malsanos de la oposición” y no generan ninguna reacción institucional de las agencias de persecución y acusación penal.
Sin la capacidad de estas agencias para actuar con criterios de objetividad e independencia frente a los poderes públicos y económicos, jamás existirá en el país una verdadera política criminal que reaccione institucionalmente contra los crímenes de cuello blanco. Sólo caerán esporádicamente en las redes del sistema penal uno que otro político opositor de segunda categoría o algún empresario sumido en la desgracia con las defensas bajas, perpetuando así la vulneración del principio de igualdad ante la ley y alimentando la falsa idea de que los poderosos también son sujetos a la responsabilización plena ante el Derecho.
Félix M. Tena De Sosa
